Por Supuestos Favores A Juan Pinto Zamorano , Microbuseros Acusan A Ministerio De Transportes De 'Tráfico De Influencias'
Originalmente aparecido en El Mostrador, Lunes 27 de Agosto de 2001
Un recurso de protección en contra del dirigente microbusero Juan Pinto Zamorano y el ministro de Transportes, Carlos Cruz, presentaron este viernes ante la Corte de Apelaciones de Santiago seis líneas de microbuses que forman parte de la Asociación de Empresas de Transporte de Pasajeros (AETP).
La acción legal se extiende al subsecretario de esa cartera, Patricio Tombolini y el secretario regional ministerial (seremi) del ramo en la Región Metropolitana, Guillermo Díaz, y es acompañada por la solicitud de una orden de no innovar que paralice la circulación de la línea cuestionada.
Se trata de las empresas Transportes Pila Cementerio, E.T.P Pila 45 S.A., Transportes Las Nieves del Arrayán S.A., World Transport Ltda., Comercial Huelén Ltda., Transportes La Florida S.A., y Pedro Pablo Castillo Castillo.
Los recurrentes acusan a las autoridades de haber favorecido indebidamente a Pinto, al permitir a su empresa establecer un recorrido que utiliza vías licitadas para el transporte público, en perjuicio de las líneas que obtuvieron la franquicia. Ello constituiría para los denunciantes una violación al derecho de propiedad.
El conflicto se remonta al 11 de agosto de este año, cuando comenzó a circular un nuevo recorrido de locomoción colectiva que comienza en la localidad de Padre Hurtado, situada en el área rural al poniente de Santiago. Los buses ingresan al área de exclusión para el transporte fijada en el anillo Américo Vespucio, y continúa por Laguna Sur y Oscar Bonilla hasta la estación Pajaritos del Metro.
Según los recurrentes, en ese sector sólo pueden circular los denominados buses amarillos y los vehículos del sistema Metrobús de color celeste clásico cuyos propietarios se hayan adjudicado algún recorrido en la última licitación de recorridos convocada por Transportes.
Añaden que las autoridades han hecho la vista gorda sobre el trazado, lo que constituiría una muestra de "tráfico de influencias".
Según la normativa que rige al transporte público de pasajeros en la Región Metropolitana, los recorridos de buses son fijados por la autoridad y asignados mediante licitación pública. Esto abarca a las líneas urbanas (los buses amarillos) y a las líneas de Metrobús. En tanto, las líneas rurales no son licitadas.
Azul "metrobús"
Los buses de la cuestionada línea ya iniciaron su recorrido el sábado 11 de agosto pasado. Todos muestran el mismo color y tamaño que los que lucen las empresas adscritas al sistema de Metrobús, pero no cuentan con el permiso para operar en el perímetro o zona de exclusión fijado por el anillo Américo Vespucio, según los empresarios recurrentes.
Sin embargo, el seremi de Transportes, Guillermo Díaz, aseguró a El Mostrador.cl que a la empresa cuestionada se le otorgó el recorrido como un plan piloto que durará hasta noviembre, debido a que en la localidad de Padre Hurtado existía un servicio deficiente y la empresa Los Halcones S.A. reunía los requisitos que se esperan implementar en el futuro.
Díaz agregó que no se licitó debido a que el recorrido es rural -pese a que entra en la zona urbana- y éstos no están sujetos a ese procedimiento.
No obstante, los recurrentes aseguran que el nuevo servicio es "tan ilegal que no puede ser incorporado o encasillado en ningún tipo de los recorridos existentes, puesto que no es un recorrido Metrobús conexionado, y tampoco es un servicio rural, aunque tratan de camuflarlo como tal, pues se desplaza en el radio urbano. Tampoco es una experiencia piloto legal, ya que no ha sido normada", consigna el recurso.
Las máquinas utilizadas en dicho recorrido por la empresa de Pinto, Los Halcones S.A., ocupan el recorrido denominado MB 33, similar al incorporado a la nueva licitación de Metrobús. Son buses más pequeños y menos contaminantes, como fija dicha licitación.
Otra vez el "factor Pinto"
Hace casi dos meses el Ministerio de Transportes abrió la licitación de los nuevos recorridos de Metrobús. Los grandes gremios microbuseros se negaron a comprar las bases en un principio, lo que justificaron en que desde 1991 no se había realizado ninguna encuesta origen-destino que avalara la necesidad de recorridos más cortos.
Del mismo modo, consideraban que dicha licitación no estaba respaldada con estudios que demostraran su viabilidad económica.
La oposición se diluyó cuando Pinto Zamorano, presidente de la agrupación Siglo XXI, una de las minoritarias del sector microbusero frente al poderoso Consejo Superior del Transporte, decidió comprar las bases. El resto de los gremios se vio obligado a hacer lo mismo, para no quedar fuera de competencia.
Pinto también fue protagonista del quiebre en el Consejo Superior del Transporte cuando fue elegido presidente del gremio en reemplazo de Demetrio Marinakis. Su desempeño duró sólo unos días, y fue derrocado en medio del duro conflicto entre microbuseros y estudiantes por el pase escolar.
El empresario decidió salir del Consejo Superior del Transporte e inició su nueva agrupación de transportistas, la Siglo XXI. Desde entonces muchos sectores de ese conflictivo gremio lo ven como un virtual delfín de las autoridades de Transportes, las que le atribuyen un abordaje mucho más empresarial del tema frente a los restantes dirigentes.
Los dirigentes que presentaron la acusación aluden a esta cercanía que las autoridades de Transporte hayan autorizado el cuestionado recorrido, como una manera de devolver la mano a Pinto por haber favorecido la licitación de Metrobús y el inicio del nuevo plan maestro de transporte urbano.
Según el presidente de la Asociación de Empresas de Transportes de Pasajeros (AETP), Edgardo Rivera, el recurso busca dejar claro a las autoridades y a los propios microbuseros que no permitirán que se empeore con situaciones de este tipo el ya a su juicio distorsionado sistema del transporte en Santiago.
El recurso presentado ante el tribunal de alzada denuncia que "sin que se haya llevado a cabo licitación alguna, utilizando el tráfico de influencias ilícitas a lo menos en lo civil, y vulnerando disposiciones jurídicas y éticas que evitan la corrupción, el dirigente del gremio de transporte público de pasajeros don Juan Pinto Zamorano, se ha adjudicado ilegalmente un interesante recorrido que se superpone sobre otros en vías coneccionadas".
Las líneas perjudicadas abarcan las que llevan asignados los números 379, el 245, el 332, el 428, el 615, el 225, el 405, el 354, el 430, el 357 y el 433, entre otros.
Acusan que el nuevo recorrido "viola de manera flagrante el derecho de propiedad incorporal que tienen éstas (el nuevo recorrido) sobre los recorridos que hemos mencionado y que han sido dados en concesión a las empresas".
"El uso que hace el recorrido de Pinto sólo puede llevarlo a cabo gracias a que la administración de acuerdo con él hace la vista gorda y haciendo un uso que no corresponde del Decreto o reglamento N° 212, para los buses que llevan a cabo el transporte rural, le permite que manipule una concesión a la que legalmente no pueden acceder", argumentan.
"Vale decir que la administración, por intermedio de los recorridos es cómplice en la violación del derecho de propiedad, garantía protegida constitucionalmente en el artículo 19, N°24 de la Constitución", enfatizan.
Agregan que las "ilegalidades y arbitrariedades" de mayor importancia en que ha incurrido Transportes son, entre otras, utilizar el decreto 212 que reglamenta el transporte rural para "engañar y hacer que pueda usarse sus disposiciones en un recorrido urbano, el MB 33 que se encuentra considerado en las bases de licitación de los servicios Metrobús que se pretende realizar".
"Otorgar estas franquicias encubiertas a un connotado dirigente gremial del transporte que trafica su influencia en la actividad en que debiera ser un miembro ejemplar", destacan.
Como otro elemento irregular, los recurrentes afirman que el nuevo recorrido ni siquiera tiene un paradero establecido: los buses usan la vía pública para detenerse en el sector de la estación Pajaritos del Metro, en la avenida general Bonilla.
"Esto introduce prácticas poco transparentes que lesionan la credibilidad del Estado en materias de concesiones y su respeto", reclaman.
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