Ante la discusión sobre la eventual eliminación de los fotorradares mediante una acción legal de parte del Parlamento, nos interesa aportar con un comentario desde el ámbito técnico.

El objetivo de la fiscalización del tránsito es mantener un comportamiento apropiado de todos los usuarios de la circulación (peatones y conductores). La fiscalización no es un elemento exclusivo de sociedades poco desarrolladas, como suele creerse, es un requisito para reforzar el buen comportamiento vial en toda circunstancia y cultura. Por ejemplo, algunos autores británicos han comprobado que el acatamiento de ciertas normas de tráfico es regido por la denominada Teoría de Catástrofe. Según la aplicación de ésta teoría, si se define una nueva norma, por ejemplo una prohibición de estacionar o un límite de velocidad, se debe mantener una alta presión de fiscalización en un comienzo, para que el porcentaje de usuarios que no cumplen sea reducido y todos se acostumbren paulatinamente a ella. La presión de fiscalización se expresa como la frecuencia de fiscalización multiplicada por la multa aplicada. Así, una fiscalización regular con una multa moderada tendrá el mismo efecto que controles esporádicos con multas draconianas. Obviamente, conforme disminuya tal presión, aumentará el porcentaje de incumplimiento. Empero, se llega a un punto en que, ante una disminución leve de la presión de fiscalización, el sistema súbitamente degenera y nadie comienza a acatar la norma. Para restituir el grado de acatamiento se requerirá una presión de fiscalización tan alta como al inicio de aplicación de la norma. La estrategia consiste, entonces en mantener una presión de fiscalización tal que el sistema no llegue al punto de salto al incumplimiento absoluto.

¿Qué función cumple el control fotográfico o "fotorradares" en esto? Son una manera de mantener una presión de fiscalización constante, de alta cobertura y bajo costo, en que no se requiere del uso de recursos humanos - como el control policial - los que pueden destinarse a funciones socialmente más eficientes. El uso de fotorradares es una medida de fiscalización del tráfico que ha sido aplicada en otros lugares con buenos resultados. En particular, para controlar los límites de velocidad y violaciones a la luz roja del semáforo en lugares sensibles, como intersecciones complejas o aisladas, frente a colegios y hospitales, en tramos de autopistas donde es necesario reforzar el control de la velocidad por motivos de seguridad.

Quizás lo más importante del uso de medios tecnológicos para el control del sistema de tráfico vehicular en el mediano y largo plazo, es el cambio de comportamiento de los conductores, quienes enfrentan un sistema de medición preciso, altamente veraz y que no es capaz de discriminar entre conductores de diferentes condiciones sociales. Este cambio es fundamental para la seguridad y el respeto mutuo de todos los ciudadanos que comparten el espacio público; es, en definitiva, un cambio hacia una cultura social más madura y justa.

¿Cuál ha sido el problema con los fotorradares en Chile? Un primer problema es que se introdujeron masivamente para el control de la velocidad sin un análisis de la necesidad de tal control. Al respecto hay que recordar que la velocidad límite de una vía debe estar de acuerdo con su jerarquía y diseño físico, que son las características mediante las cuales el conductor "lee" la vía y, en consecuencia, se comporta en ella, más allá de cualquier señal que puede no alcanzar a ver. No es coherente, entonces, tratar de imponer una velocidad límite de 40 km/h en una calle amplia, recta, sin peatones ni intersecciones cercanas. Sí lo es en una calle residencial o comercial con mucha fricción al tráfico y presencia de usuarios vulnerables (niños, ancianos, personas con problemas de movilidad). Un segundo problema, aunque relacionado, es la percepción generalizada de que los fotorradares existen sólo como medio para recaudar fondos para las municipalidades, lo que no ha permitido sostener una discusión seria respecto de la real utilidad de estos elementos en la fiscalización del tránsito.

El problema entonces no es el método de fiscalización (el fotorradar), sino lo "fiscalizado", que a veces parece poco razonable, y el uso que se le ha dado, que escapa al objetivo esencial que hemos descrito. Por esto, hacemos un llamado a los parlamentarios a analizar las causas reales del problema, antes de tomar una decisión que nos impida en el futuro contar con una herramienta que, adecuadamente utilizada, da buenos resultados.

Confiamos en que el debate se dé con altura de miras y que se proceda en relación con los objetivos de los sistemas de fiscalización aquí planteados y no sobre la base de una aplicación poco criteriosa en el pasado.

Leonardo Basso, Rodrigo Fernández, Sergio Jara, Francisco Martínez, Marcela Munizaga
Académicos
División Ingeniería de Transporte
Departamento de Ingeniería Civil
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

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