El Mercurio de Valparaíso / Martes 31 de Julio de 2007,
Pág. 15 / Editorial (Opinión).
                           
   "Centros de Excelencia Científica y Políticas Públicas"

Dr. Raúl Morales Segura
Presidente del Consejo Nacional de Decanos
Facultades de Ciencias del CRUCH

La improvisación o el desconocimiento de las instituciones nacionales
existentes al momento de implementar políticas públicas de trascendencia
nacional por parte de organismos de Gobierno, como en el caso de Ciencia,
Tecnología e Innovación, tocan esta vez, al Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH).  Y es que no puede verse de otro modo, cuando
el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que tiene a su
cargo la administración del fondo del royalty minero, establece directrices
en materia de fortalecimiento de la ciencia chilena al más alto nivel, a
espaldas de las principales universidades de investigación de nuestro país.

No resulta consistente que existiendo una entidad como el CRUCH, que mantiene
una interacción permanente con el Ministerio de Educación, tome conocimiento
de políticas tan trascendentales para la vida universitaria nacional, a
través de un concurso público sin mediar un análisis previo de su parte. Más
aún, resulta sorprendente que grupos de científicos del mayor impacto
nacional, sean invitados por entidades gubernamentales a independizarse de
las universidades en donde han construído toda su actividad científica por
décadas, a la hora de administrar cuantiosos recursos públicos.  Claro
ejemplo de ello son los Institutos Milenios con personerías jurídicas propias
y la reciente propuesta de repetir el molde, con un nuevo concurso de
financiamiento basal de centros de excelencia con exigencias similares.

 El impacto negativo que sobre las universidades tienen iniciativas
administrativas como éstas, no pueden ser consideradas de ingenuidad política
por parte de las más altas autoridades de los Ministerios de Educación y de
Economía, toda vez que compromete la excelencia que en materias de
investigación científica y postgrado mantienen las principales universidades
del país, con un alto costo de inversión y un largo proceso de desarrollo
institucional. Además, este tipo de medidas sienta un precedente inequívoco a
las universidades regionales, las que, ante los esfuerzos que despliegan por
fortalecer la investigación y atraer talentos para potenciar áreas
prioritarias de interés regional y nacional, ven frustradas toda posibilidad
de apoyo estatal en estas materias. Desde el año 1995 al 2006, prácticamente
se ha doblado la población científica chilena, con más de 2500 científicos
activos que publican sus investigaciones con estándares de calidad
internacional, en donde el principal y más exitoso instrumento de gestión
estatal ha sido el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT).
Iniciativas posteriores como las Cátedras Presidenciales del Gobierno de Frei
o los Institutos Milenios del Gobierno de Lagos no han logrado superar esta
iniciativa de amplia cobertura e impacto, programas que por lo demás, no
contaron ni con la consulta ni con el respaldo de la comunidad científica
nacional.  Hoy día, estos programas son altamente cuestionados en cuanto a su
efectividad y aporte a la ciencia chilena, careciéndose a la fecha, de una
evaluación apropiada que de cuenta del impacto científico que han generado la
inversión de dichos fondos públicos.

 Aun cuando el Gobierno ha dado curso satisfactorio al reclamo del CRUCH,
respecto de no excluir a los centros de excelencia de las universidades de
investigación, queda abierta la discusión del proceso de adjudicación de
estos centros, aspecto tan fundamental como las bases mismas del llamado a
concurso.  Sin duda que el interés del Gobierno por acelerar la marcha en
materias de Ciencia, Tecnología e Innovación, es un hecho de por sí,
atractivo y estimulante para la sostenibilidad del crecimiento país, pero en
esta oportunidad, la opinión de la comunidad científica organizada, de los
Decanos de las Facultades de Ciencias y Rectores de las Universidades
Chilenas, particularmente de las de investigación, que conllevan más del 90%
del quehacer científico nacional, han planteado la necesidad de que el
Gobierno Ciudadano escuche a sus voceros y canalice sus opiniones en estas
materias.